Cárdenas -

Proponen aplicar penas más severas a menores infractores

18/02/2010 09:40 hrs WebMaster
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Rodolfo Campos Montejo, anunció posibles modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes a fin de que los menores de edad reciban penas acordes a sus delitos.

El 5 de septiembre pasado dos adolescentes asesinaron a José Fuentes Esperón, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Villahermosa, a su esposa y a dos de sus hijos menores de edad, y apenas el viernes pasado, en una operación realizada en el municipio de Cárdenas, fue detenida una "gatillera" de 13 años, entrenada por el crimen organizado, según el gobernador Andrés Granier.

En Tabasco la condena máxima que se puede aplicar a un menor es de ocho años de prisión, cuando en Aguascalientes es hasta de 25 años, explicó Campos Montejo.

Anunció que este jueves se reunirá con diputados locales para evaluar la redacción de un reglamento para el Centro de Internamiento para Menores (CIM). Se pretende que al cumplir los 18 años de edad los infractores sean separados de los menores para que terminen de cumplir sus sentencias en otro sitio, y crear más juzgados especializados, pues sólo existe uno y es insuficiente.

En el CIM, ubicado en Villahermosa, hay 200 adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, la mayoría acusados de robo con violencia, aunque también hay implicados en secuestros, violaciones, tráfico de drogas y delincuencia organizada.

En Coacalco, estado de México, el director de seguridad pública, Jorge Luis Pescador, reveló que ex policías con antecedentes penales, ex convictos y prófugos han intentado ingresar al instituto de capacitación y profesionalización de la policía municipal.

Dijo que 48 de los 208 cadetes reclutados fueron dados de baja luego que el sistema Plataforma México reveló que tienen historial delictivo.

Explicó que algunos de los reclutas estuvieron presos por violación, lesiones, robo y portación de arma de fuego en Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California y el Distrito Federal, y algunos tenían órdenes de aprensión vigentes.

También se descubrió que en la lista había ex policías de los municipios mexiquenses de Tultitlán, Jaltenco, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan que fueron dados de baja por corrupción o consumo de drogas.

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