Procesan en Tabasco a abogados por firmas falsas
Hace 15 añosWebMaster
El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT) informó que los tres profesionistas están acusados de fraude procesal, junto con cuatro ex trabajadores que laboraban en una compañía contratista de Pemex.
Los abogados indiciados Juan José Alfaro Pérez, Rosa Victoria Reyes García y Flor Lilian Mendoza Eliseo, actualmente amparadas por la justicia federal, están señalados por hacer llegar una carta poder apócrifa a la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que falsificaron las firmas de los ex trabajadores y con ello ganaron un juicio a la compañía en la cual laboraban.
Pese a que los abogados se encuentran amparados, los términos siguen corriendo y, por tanto, el juez Primero Penal se encuentra en el periodo de instrucción de pruebas para dar seguimiento al juicio y esperar a que se resuelva el juicio de amparo para poder dictar sentencia.
El TSJT explicó que, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal, se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de 50 a 400 días de salario mínimo a quien para obtener una resolución judicial o administrativa contraria a la ley, de la derive algún perjuicio o beneficio indebidos, simule un acto jurídico o escrito judicial o altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad.
Los abogados indiciados Juan José Alfaro Pérez, Rosa Victoria Reyes García y Flor Lilian Mendoza Eliseo, actualmente amparadas por la justicia federal, están señalados por hacer llegar una carta poder apócrifa a la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que falsificaron las firmas de los ex trabajadores y con ello ganaron un juicio a la compañía en la cual laboraban.
Pese a que los abogados se encuentran amparados, los términos siguen corriendo y, por tanto, el juez Primero Penal se encuentra en el periodo de instrucción de pruebas para dar seguimiento al juicio y esperar a que se resuelva el juicio de amparo para poder dictar sentencia.
El TSJT explicó que, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal, se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de 50 a 400 días de salario mínimo a quien para obtener una resolución judicial o administrativa contraria a la ley, de la derive algún perjuicio o beneficio indebidos, simule un acto jurídico o escrito judicial o altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad.